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Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados

mapa-miembros-onuMás conocida como Convención de Montevideo, la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados es un tratado internacional firmado en la capital de Uruguay el 26 de diciembre de 1933, en ocasión de celebrarse en esa nación suramericana la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos. La convención fue firmada por 19 Estados, tres con reservas (Estados Unidos, Brasil y Perú).
Fue en este escenario donde el recién electo presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y su secretario de Estado Cordell Hull hicieron pública la Política de Buena Vecindad, opuesta absolutamente a la intervención estadounidense en los asuntos de los países del hemisferio americano, primer intento diplomático de Roosevelt para revertir la percepción de "imperialismo yanqui", imperante desde el Río Bravo a la Patagonia por las acciones de su Theodore Roosevelt y su política del “Big Stick”.
La Convención de Montevideo estableció la definición de Estado, así como sus derechos y obligaciones, resultando la más conocida conceptualización la de su artículo 1, el que establece cuatro criterios característicos de Estado, los que desde entonces han sido reconocidos como una afirmación certera en el Derecho Internacional consuetudinario.
El estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos:
a) Población permanente;
b) Territorio determinado;
c) Gobierno;
d), Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.
Asimismo, la primera oración del artículo 3 afirma explícitamente que “La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados”. Algunos cuestionan tanto la suficiencia de estos criterios, como que permita la estatalidad de entidades no reconocidas universalmente como la República Popular China o incluso por Estados sin ningún reconocimiento como el Principado de Sealand o el Principado de West Antarctic.
De acuerdo con la teoría constitutiva de Estado, este solo existe cuando es reconocido como tal por otros Estados. En ocasiones ha habido intentos de ampliar la definición original de la Convención de Montevideo, pero sin resultados positivos.
Por otro lado, algunas entidades no territoriales, con el ejemplo notable de la Orden de Malta, son consideradas de hecho como sujetos de Derecho Internacional, pero no aspiran a la estatalidad.
En relación con todo lo aquí reseñado, la afirmación principal del Comité Badinter de la Unión Europea (UE) sigue los designios de la Convención de Montevideo en su definición de Estado, “por poseer territorio, población, y autoridad política”. El comité también concluye que la existencia de Estados era una cuestión de hecho, mientras que el reconocimiento de otros es un factor únicamente declaratorio y no determinante de estatalidad.
Sin pertenecer a la UE, Suiza se acoge al mismo principio, y lo amplia afirmando que “ni una unidad política necesita ser reconocida para convertirse en estado, ni un estado tiene la obligación de reconocer a otro. Al mismo tiempo, ni el reconocimiento es suficiente para crear un estado, ni su ausencia lo suprime.”
En la actualidad los Estados son reconocidos por las Naciones Unidas solo por conveniencia de las grandes potencias, como lo fue en el caso de Kósovo, reconocido en pocos meses.

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